Los embates del Ejecutivo Federal al Poder Judicial, lejos de debilitarlo, lo han fortalecido
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 49 es absolutamente clara en cuanto a lo que se refiere al establecimiento del equilibrio de poderes en el ejercicio del Supremo Poder de la Federación. Esto es, establece claramente y sin ambigüedad que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Léase bien: El Supremo Poder SE DIVIDE, no SE CONCENTRA. Adicionalmente establece que “no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”.
Lo anterior es tan claro que explica las acciones por unificar el poder en una sola persona a través de estrategias relativamente indirectas, como, por ejemplo, a través de intentos de un poder, el Ejecutivo, por debilitar a otro de los poderes, el Judicial, dado que es en realidad el poder que le genera mayor contrapeso derivado del débil contrapeso que ejerce el Legislativo, explicado por su mayoría simple en línea con el Ejecutivo Federal.
Basta recordar los intentos por debilitar al Poder Judicial (PJ) en octubre de 2023 a través del decreto publicado para extinguir los fideicomisos del PJ, en un intento de una especie de “asfixia presupuestal”. Sin embargo, en noviembre del mismo año, la jueza de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/ 2023, contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJ), que acumulaba 15 mil 800 millones de pesos. Esta medida cautelar implica que hasta que no se haya resuelto de fondo el amparo se cancelen los efectos de la reforma aprobada el 25 de octubre de 2023. En el mismo sentido, la primera semana de diciembre de 2023, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez concedió una suspensión con la que se frena la desaparición de 13 fideicomisos.
Dado que el intento por debilitar el contrapeso del Poder Judicial no ha sido del todo exitoso, sino todo lo contrario, la estrategia a seguir es la del Caballo de Troya. Sí, me refiero al caballo de madera introducido a Troya por los griegos, dentro del cual se resguardaban soldados para atacar una vez dentro del territorio Troyano.
Esta analogía nos permite entender el cambio de juego. Esto es, ingresar miembros afines al Ejecutivo Federal al interior de la Suprema Corte de Justicia; lo había venido sucediendo tiempo atrás a través del exministro Arturo Zaldívar, que no solamente intervenía el titular del Poder Ejecutivo – dicho por el propio presidente-, sino que ha acumulado múltiples escándalos en las últimas semanas. Al final del día, lo cierto es que el exministro Zaldívar ya no opera dentro de la SCJN.
Un segundo caso del “Caballo de Troya” tiene que ver con el respaldo del Ejecutivo Federal a una ministra afín, Yasmín Esquivel, pese a haberse comprobado que ejercía sus funciones de manera cuestionable dado que sus credenciales académicas olían y sabían a plagio.
Un tercer intento de la estrategia del “Caballo de Troya” se representa por la designación por parte del Ejecutivo Federal a una ministra más, Lenia Batres Guadarrama, quien esta semana fue corregida una vez más ante su lamentable desconocimiento de la CPEUM, al afirmar que el principio que asegura que los legisladores de todos los grupos parlamentarios sean escuchados, el principio de la democracia deliberativa, no se encuentra en el régimen constitucional mexicano. Ante tal lamentable espectáculo de ignorancia, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat corrige a Lenia Batres sobre interpretación constitucional en la Suprema Corte, recordándole que tal principio lo puede encontrar en el artículo 26 de la CPEUM.
Tres ejemplos de soldados dentro del “Caballo de Troya” muestran una potencial vulnerabilidad de la SCJN, que, aunque uno ya renunció, “no por causas graves” como debió haber sucedido, mantiene tres soldados afines al oficialismo contando a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Entonces, dado que, en noviembre de 2024, con la salida del ministro Luis María Aguilar Morales, habrá una nueva composición de la SCJN, en la que se vislumbra el hipotético caso de que el oficialismo imponga un cuarto ministro, de un total de once. En tal supuesto, la votación en caso de leyes con disposiciones inconstitucionales, mismas que requieren ocho votos para declarar su inconstitucionalidad, se vería comprometida dado que siete votos no son suficientes para declarar inconstitucionalidad en decretos publicados por el Ejecutivo, pese a que ciertamente podrían en efecto ser inconstitucionales.
En resumen, la estrategia de la “asfixia” se ha sustituido por la de “Troya”. Lo anterior, con el riesgo de declarar constitucionales, entonces, leyes que de facto no lo son.
A este punto usted me argumentaría, y con razón: “para noviembre 2024 ya no estará en funciones el actual Ejecutivo Federal”. A lo que yo respondería, no, si usted no lo permite.